Los términos de la sentencia, que liquida las cuestiones jurídicas de manera somera y que, por el contrario, se extiende en hechos y valoraciones históricas ajenas a la causa, resultan asombrosos al tratarse de un tribunal que debe velar por los derechos humanos a nivel europeo. Era de esperar que el Tribunal asumiese la jurisdicción estatal y que basase esa postura en la Constitución española y en su condición de estado de derecho. Pero sorprende que dé rango poco menos que de ley a la «lista negra» europea, ampliamente criticada por diversos juristas.

Estas sentencias cierran espacios a la resolución del conflicto y abren la puerta a más y mayores vulneraciones de derechos civiles, políticos y humanos. Legitima la segregación ideológica tanto de esas formaciones como de sus votantes, en lo que supone una forma encubierta de apartheid político que además tiene una peligrosa vertiente étnica al aplicarse sólo a organizaciones vascas. Supone una victoria diplomática y alienta a los securócratas que hoy en día dirigen lo que ellos llaman la «lucha antiterrorista». Dicho lo cual, también conviene resaltar que la sentencia no cambia en lo esencial los parámetros del conflicto. Pero quizá no sea eso lo que se busca, sino alterar los parámetros de la resolución del mismo. Urge que las personas preocupadas por la democracia y las fuerzas soberanistas reflexionen al respecto y actúen en consecuencia.